SANTA FE, NM - La gobernadora Susana Martínez planea pedir una sesión especial de la Legislatura (periodo extraordinario) para dejar de emitir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados en Nuevo México.
La gobernadora republicana dio a conocer sus intenciones de volver a poner el tema por demás controversial en la agenda de una sesión especial este próximo otoño en el mes de septiembre cuando los legisladores deberán reunirse para considerar los planes de redistribución de distritos.
La gobernadora intento impulsar sin éxito, la practica de otorgar licencias a extranjeros que residen en el estado incluyendo a personas indocumentadas aprobada bajo el gobierno de Bill Richardson en 2003 y su intención es poner fin a esta durante el período de 60 días de la Legislatura aunque el pasado marzo la Cámara de Representantes aprobó su propuesta, esta fracasó en el Senado. Una ley de 2003 promulgada durante la administración del ex gobernador demócrata Bill Richardson, permite a las licencias de conducir que se expiden a los nacionales extranjeros, incluyendo a los inmigrantes ilegales. Por su parte los partidarios de la ley actual ya están listo para el enfrentamiento.
"No puedo imaginar un montón de legisladores que quieren hacer esto, pero no es nuevo para nosotros", dijo Marcela Díaz, director ejecutivo de Somos Un Pueblo Unido, un grupo de derechos de los inmigrantes, de los planes de Martínez.
"Es una pena que se fija en este tema", dijo Díaz. "Hay tantas otras cuestiones que son importantes para Nuevo México."
Los legisladores estatales tendrán sus manos llenas con la redistribución de distritos y comenzará a trabajar en el tema de este verano mediante la celebración de audiencias para recabar comentarios del público sobre los mapas de distrito propuesto.
Una tradición que cada diez años, pide la redistribución de distritos de los legisladores del estado para volver a dibujar el estado de los distritos electorales legislativos y federales.Martínez, un republicano, podría actuar como un contrapeso a la Legislatura controlada democráticamente. El gobernador debe firmar en ley el plan de redistritación aprobada por los legisladores.
Si la Legislatura y el gobernador no puede ponerse de acuerdo sobre los límites del distrito nuevo, los tribunales resolver el conflicto, que es lo que ocurrió hace una década.
